Adoptado en virtud de la resolución 732 de la asamblea general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), este código constituye una guía práctica aplicable para quienes, en el sector público o privado, tienen obligaciones, responsabilidades, deberes y derechos vinculados a los viajes.
Según explicó en su momento el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, este cuerpo normativo está dirigido a los gobiernos, agentes públicos y privados e incluso los propios turistas para restablecer la confianza de los consumidores.
“Este código hará más atractivo el entorno turístico, creará una sensación de seguridad entre los turistas / viajeros y mejorará la relación contractual entre prestadores y receptores de los diversos servicios de nuestro sector”, afirmó el titular de la UNWTO (por sus siglas en inglés) que depende de las Naciones Unidas.
A través de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Paraguay expresó su adhesión al Código Internacional a nivel regional para liderar su promoción regional y promover sus principios.
Durante la jornada inaugural de la 67° reunión de la comisión regional de la OMT que se llevó a cabo en la ciudad uruguaya de Punta del Este, la ministra de turismo de Paraguay, Sofía Montiel de Afara, recordó que, desde 2005 en su país, rige la la Ley 2828 2005 que determina que “el turista nacional o extranjero está sujeto a la protección del estado y goza de la seguridad y de las facilidades que se acuerden en la Constitución Nacional”.
La titular de la cartera paraguaya sostuvo que, tras la crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia de Covid-19, la industria del turismo debe trabajar en forma mancomunada para reanudar la actividad del sector.
Según la funcionaria, la crisis del coronavirus exhibió la ausencia de un marco jurídico internacional para ayudar a los turistas internacionales en situaciones de emergencia y la carencia de un criterio uniforme internacional sobre derechos de los turistas.
En la cumbre celebrada en el balneario uruguayo se analizaron los vacíos legales de los actuales marcos jurídicos y las disparidades existentes entre países. También se propusieron diferentes alternativas para contar con normas mínimas internacionales que protejan a los consumidores de actividades turísticas.
La adhesión de ambos países se concretó dos semanas después que, tal como informamos en nuestra nota publicada en ElDiariodeViaje, los gobiernos de Ecuador y Paraguay suscribieron un memorando de entendimiento para fortalecer el desarrollo del turismo de ambos países mediante la asistencia permanente con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible de la industria de los viajes.
Por su parte, el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez prorrogó hasta fines de junio próximo los beneficios tributarios anti-Covid manteniendo la rebaja del 50% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que deben abonar toda personas física o jurídica que trabaje en turismo; gastronomía y comercio.