El impuesto propuesto se establecería en una escala según el rango de precio de las habitaciones: 5 euros por noche para alojamientos de menos de 100 euros, 10 euros para los que cuestan entre 100 y 400 euros, 15 euros para las habitaciones de 400 a 750 euros, y hasta 25 euros para las más caras.

La titular de la cartera e integrante del partido de la primera ministra Giorgia Meloni defendió esta iniciativa en redes sociales, argumentando que es una medida necesaria para el mantenimiento y mejora de los servicios turísticos.

Este cambio, que será discutido con las partes interesadas en septiembre, ha generado una reacción negativa entre las asociaciones empresariales del sector. Organizaciones como Federalberghi, que representa a las pequeñas y medianas empresas hoteleras, se oponen a la propuesta, señalando que podría frenar el crecimiento en lugar de fomentarlo. En un comunicado, sostuvieron que el objetivo común debería ser apoyar el desarrollo del turismo, no limitarlo con nuevas cargas financieras.

Asimismo, Federturismo, otra asociación importante que representa a diversos actores del sector turístico, ha criticado el manejo actual de los fondos recaudados por los ayuntamientos. Según su presidenta, Martina Lalli, muchos de estos fondos no se destinan a servicios específicos para los turistas, como lo estipula la normativa actual, sino que se utilizan para cubrir déficits presupuestarios municipales. “Cuando asfaltas tus calles llenas de agujeros, ¿es realmente para los turistas o es algo ordinario que deberías hacer en tu ciudad?”, cuestionó Lalli.

Una de las críticas más destacadas a la nueva propuesta es que el dinero recaudado del impuesto turístico podría ser utilizado para financiar servicios generales, como la recolección de basura, en lugar de servicios directamente relacionados con la experiencia de los visitantes.

Lalli argumenta que, aunque es importante mantener las ciudades en buen estado, especialmente en las áreas turísticas, no es justo que se use el dinero de los turistas para solucionar problemas en zonas que no suelen visitar.

El debate sobre este posible aumento del impuesto al turismo pone de manifiesto la tensión entre la necesidad de financiar servicios municipales y la responsabilidad de ofrecer una experiencia turística de calidad. A su vez, el gobierno insiste en que la medida beneficiará a los destinos turísticos en Italia, los críticos señalan que podría disuadir a los turistas de visitar el país, afectando negativamente a la industria y a la economía local.

En la actualidad, el Ministerio de Turismo comenzó con una ronda de negociaciones con representantes del sector para discutir la viabilidad y el impacto potencial de esta propuesta, con la posibilidad de ajustar las reglas del impuesto turístico para encontrar un equilibrio que satisfaga tanto a las autoridades como a los empresarios.